“La cultura de transparencia es una oportunidad para que nos acerquemos más a nuestras audiencias”

Marta Ley | Madrid | 5/02/2014

Borja Bergareche. Fotografía de Ángel de Antonio

Borja Bergareche. Fotografía de Ángel de Antonio

Borja Bergareche es un firme defensor de la transparencia de los poderes públicos. Desde la experiencia que le ofrecen sus estancias en Reino Unido y Estados Unidos reconoce que en más de una ocasión ha sentido “frustración al chocarse con el procedimiento legislativo español”, que en sus propias palabras “ha terminado por encorsetar demasiado la ley española” de transparencia aprobada a finales de 2013.

Ahora ejerce como corresponsal de ABC en Londres y consultor del Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York. Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Columbia, el periodista bilbaíno ha pasado por dos de las principales cabeceras españolas: El País y ABC. En 2011 publicó su primer libro, Wikileaks Confidencial, en el que ya mostró sus análisis sobre las implicaciones del fenómeno mediático para la sociedad.

Crítico y optimista, Bergareche considera que el periodismo vive un momento de oportunidades, donde las leyes de transparencia han de ser una de las principales aliadas de una profesión que debe entender que “tan periodista es un infografista, un desarrollador o un reportero tradicional”. Nos lo cuenta desde Londres en una conversación por Skype. 

El pasado 10 de diciembre se publicó la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (aunque en lo referente a la transparencia  -Título III: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno-, no entra en vigor hasta el 10 de diciembre de 2014).  ¿Qué cambio debería suponer para un periodista español poder hacer uso en su país de una ley de acceso a la información?

La ley es insatisfactoria en muchos aspectos. Esperemos que sea un primer paso para el establecimiento de una cultura de la transparencia, que es lo importante. Aunque dadas las deficiencias, no tenemos garantías. Podemos intentar ser optimistas. Pero, en cualquier caso, será un proceso muy largo.

En la vida de los periodistas, lo que marca la diferencia, más que la ley en sí, es esta cultura de la transparencia. Es poder hacer nuestro trabajo en un ecosistema abierto donde la información pública, la información en manos de las distintas administraciones y poderes públicos, no sea una mercancía que circula bajo la mesa, que circula entre funcionarios o políticos y periodistas en torno a una comida, en torno a arreglos informales, en torno a favores debidos. No es una mercancía en ese sentido, lo que ocurre ahora, sino que es un bien disponible para todo el mundo.

Hablando  de la importancia de la ‘conciencia’ o la ‘cultura de la transparencia para que ésta funcione correctamente, tanto por parte de los administradores como de los administrados, ¿hasta qué punto existe esta conciencia en España? ¿Vamos a dejar  de escuchar eso de “quién es usted y para qué quiere esa información”?

El diagnóstico es que España va con mucho retraso. Si miramos a los administradores, la cultura administrativa española es napoleónica. Es muy pesada, muy administrativa y muy opaca. El administrador entiende y da por hecho que esa información pública es propiedad suya y no del administrado.

Para cambiar esa mentalidad y para que la ley sea efectiva no basta con escribir en un papel con todas las bendiciones legales que las administraciones tienen que ser transparentes. Desde el punto de vista interno de la administración supone transformar la manera en que se gestiona, se archiva y se difunde la información. La buena noticia es que las nuevas tecnologías permiten hacerlo a costes muy bajos y de manera muy efectiva. No hay más que mirar las páginas de información pública del gobierno de Reino Unido o del gobierno de Estados Unidos, por ejemplo. Hay un esfuerzo muy interesante no sólo en hacer pública la información que necesita el ciudadano, sino de escribirla y presentarla de una manera comprensible para cualquiera. Han hecho una especie de traducción ciudadana de la burocracia.

Pero también hay que mirar a la otra parte de la ecuación, que sería el administrado. Y ahí es verdad que hay ser muy autocríticos. El acceso a la información, o que de repente  tengamos a nuestro acceso más datos, supone que los ciudadanos tenemos el reto de utilizarlos para demostrar que nos interesa, que nos preocupa, que queremos ejercer nuestro derecho.

Como corresponsal de ABC en Londres, ¿recurre de forma habitual a la Ley de Transparencia de Reino Unido o a otras leyes de transparencia para elaborar informaciones?

Habitualmente no. Pero es una herramienta de uso muy fácil. Hay portales en Reino Unido, que ya existen en España, como puede ser tuderechoasaber.es, donde para ejercer el derecho de solicitar cierta información a la administración no hay más que rellenar un pequeño formulario web. Lo que da gusto en Reino Unido es que siempre, las veces que lo he utilizado, la administración ha respondido muy rápido.

La prensa británica o los medios en general todos tienen en sus redacciones especialistas en leyes de acceso a la información. Prácticamente todos los días en algún periódico británico hay una noticia de interés general que deriva de una petición de acceso a la información realizada por un periodista.

Sin embargo en España ninguna de las grandes cabeceras ha apostado por crear una unidad de investigación que ponga a trabajar a periodistas con desarrolladores, infografistas y expertos en bases de datos en la misma mesa, como sí sucede en las principales cabeceras a nivel mundial. Y por otra parte, se espera que con la aprobación de la ley cada vez exista un mayor volumen de datos públicos esperando ser tratados. ¿Están los medios españoles preparados para recibir la ley de transparencia?

Ahora no. Una de las pruebas es que la prensa y los periodistas, al igual que la clase política y los ciudadanos, cuando yo empecé a trabajar en la transparencia en 2008-2009, estaban desinformados y despreocupados por el tema. La demanda no ha surgido de la prensa. Es verdad que luego sí ha crecido. En 2008 los diarios ABC y El País hicimos una petición conjunta al entonces presidente Rodríguez Zapatero. Y luego las asociaciones de la prensa se han ido sumando a la demanda [la Sociedad Interamericana de Prensa, en su 64ª Asamblea General en 2008, solicitó al Gobierno español una ley de acceso a la información a petición de los diarios El País y ABC].

Hay un componente económico importante. Al final, estar preparados para sacar historias de estas bases de datos implica introducir perfiles profesionales nuevos en las redacciones, y no han sido unos años en los que había esa capacidad de inversión. Pero no debe servir de disculpa el cuadro económico negativo para quedarnos tranquilos. Hay que ser muchísimo más autocríticos y ver que en la profesión periodística española existían y todavía existen reticencias a aceptar esta redefinición de perfiles. 

Yo creo que hoy día, en el periodismo del siglo XXI, tan periodista es el desarrollador que hace una aplicación para la cobertura de una jornada electoral, como el visualizador que ayuda a ver en un mapa online un reportaje o una información sobre algún conflicto internacional a semejanza de como hace el periodista en un sentido más tradicional capaz de escribir un reportaje amplísimo de 3000 palabras un domingo. Pero hay una dificultad económica en fichar este talento. Creo que este es un gran reto de la prensa y que la Ley de Transparencia debería servir de acicate. En las redacciones tenemos la oportunidad de diversificar el paisaje humano trayendo un talento que si no lo traemos nosotros, lo usarán otros.

Por eso yo lo pondría en positivo. Hasta ahora ha habido muchas resistencias, tanto culturales como económicas, pero hay que verlo en términos de oportunidad. La cultura de la transparencia es una oportunidad para que los medios españoles nos acerquemos más a las necesidades de nuestras audiencias.

Acces Info Europe, tras analizar la Ley de Transparencia española, antes de la aprobación de las enmiendas a la misma, la situaba en el número  75 de 96 en el ránking de Leyes de Transparencia existentes. En síntesis, ¿cuál es su lectura sobre el texto y sobre cómo ha sido el proceso de elaboración del mismo?

En una ley, cuando está llamada no a regular una realidad existente sino a transformar una cultura y a crear una nueva realidad, como yo creo que podría hacer la Ley de Transparencia, hay que mirar aquellas definiciones que en sí llevan la semilla y ver si esa semilla tiene recorrido o no. Hay dos disposiciones de la ley que pueden limitar el margen de crecimiento de esa semilla. Una sería la propia definición de información pública que hace, que es una información restrictiva. Yo diría que los parlamentarios que han trabajado en la ley y aquellos en el Gobierno que han trabajado en el proyecto han sido rácanos a la hora de definir la información pública que quieren hacer disponible mediante esta ley. Es un reflejo y ahí ha habido un tic hacia el pasado, ha habido un tic hacia la opacidad.

Cuando hablo de que han sido rácanos en la definición de información pública me refiero a que, al final, información pública no es un folio de papel ya aprobado y publicado. Son los informes que han servido para tomar esa decisión, son los borradores, todo aquello que nos haría entender, por poner un ejemplo, cómo fueron las deliberaciones en el Gobierno español a la hora de tomar la decisión de participar en la guerra de Irak.

Y el otro elemento clave de la semilla es el agricultor llamado a regarla, cuidarla, podarla y trasplantarla cuando haga falta, que sería la autoridad o la agencia que va a tener que velar por el cumplimiento de esta ley. Aquí la ley española incumple claramente no solo los estándares internacionales, sino el sentido común. La agencia responsable de velar por el cumplimiento de una ley que en sí es revolucionaria y cuya aplicación va a generar muchísimas resistencias en parte de la administración tiene que ser totalmente independiente del Gobierno. Y  la definición de la agencia a la que encomiendan esta labor, que tiene vínculos orgánicos con el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda, es muy insuficiente, sobre todo en el contexto español. Hay un serio riesgo de que termine politizada.

¿Qué papel juegan las leyes de transparencia en la “era de lo digital al cuadrado”, como usted mismo la ha definido, para la búsqueda de la confianza perdida?

Está todo relacionado. Los ciudadanos queremos tener más acceso a información. Las nuevas tecnologías nos lo permiten. En el ámbito político lo estamos viendo con las revelaciones de Edward Snowden sobre el alcance al que ha llegado el espionaje de las agencias de Estados Unidos y de Reino Unido. Ha sido la demostración empírica de que, efectivamente, la era Wikileaks está aquí, que vivimos una era de lo digital al cuadrado.

Los gobiernos lo han entendido muy bien, por lo menos en esa parte. Han entendido cómo funciona el sistema y dónde están sus cuellos de botella. ¿Y qué ha hecho la inteligencia británica? Espiar los cables de fibra óptica, o sea, en los cuellos de botella que son los tubitos por los que circula este caudal y este volumen ingente de información.

Creo que hay que reequilibrar los poderes y superpoderes que tenemos todos. Las leyes de transparencia forman parte de este reequilibrio. Hay que rearmar a los ciudadanos y a aquellas profesiones que juegan un papel importante en la protección del ciudadano, entre los que están los periodistas, pero también los historiadores o los abogados. Este análisis macro-político es muy importante. Pero además hay que entenderlo de forma positiva. Aquí es donde veo que a los políticos españoles les falta altura de miras. Les falta mirada cosmopolita y abierta. Es una oportunidad para reconectar con sus ciudadanos. El contexto político ideológico y económico era el peor de los posibles para que nazca una ley de transparencia. Pero bueno, está ahí.

Que la Ley de Transparencia sea un test y un germen para una democracia más avanzada depende en estos momentos de cómo la usemos los ciudadanos, de cómo la implementen los poderes públicos y de cómo la configure la justicia con respecto a otros derechos en juego. Y yo creo que será un test que ahora empezaremos a evaluar. La aprobación de la ley es una invitación a que cada uno en su ámbito de responsabilidad asuma con más madurez sus respectivas obligaciones, dicho así de una manera muy poética y muy grandilocuente, pero eso es lo que pienso.