Los gobiernos de América Latina prometen luchar para favorecer los derechos y libertades de sus ciudadanos, pero aportan poco dinero al Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Restringen así a los ciudadanos los espacios para conseguir justicia.

Pedro Pablo Peñaloza | Madrid | 23 de noviembre de 2013

Reunión de la CIDH por tema grupos desplazados en Guatemala, Washington DC 24/10/2011 | Juan Manuel Herrera/OEA

Reunión de la CIDH por tema grupos desplazados en Guatemala, Washington DC 24/10/2011 | Juan Manuel Herrera/OEA

Caracas era un torbellino el 2 de marzo de 1989. La protesta contra el paquete neoliberal aplicado por el Gobierno del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez sembraba un reguero de pólvora. La capital de Venezuela ardía por los cuatros costados. Aquella rebelión popular, bautizada como el “Caracazo”, marcó para siempre la historia del país y manchó de sangre la biografía de Yris Medina.

“Ese 2 de marzo, cerca de las 6:20 de la tarde, mi esposo tomó a nuestra hija de tres meses en sus brazos y se asomó por el balcón de la casa, ubicada en la avenida San Martín, en el oeste de la ciudad” recuerda Yris, quien entonces tenía 19 años. “Yo estaba a su lado y vi como un soldado del Ejército, que se encontraba en una cabina telefónica, nos apuntó y disparó”, relata al periodista.

La bala impactó en el pecho de Wolfang Quintana, un librero de 20 años. Yris observó a su esposo caer al suelo y sintió que el mundo se desplomaba a sus pies. “Su asesinato acabó con nuestros sueños”, confiesa la mujer. Y también dio inicio a una lucha que ya suma 24 años a la busca de justicia.

En este largo y tortuoso camino, Yris no ha caminado sola. La tragedia y el dolor la unieron a un grupo de afectados que constituyeron el Comité de Familiares de las Víctimas del “Caracazo” (Cofavic). Desde esta organización levantó su voz para reclamar auxilio a las autoridades venezolanas, pero jamás consiguió respuesta.

“Después de seis años de silencio, acudimos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) era nuestra última esperanza”, comenta Yris. Aún guarda fresca en su memoria aquella experiencia: “Sentirme escuchada con respeto significó mucho para mí, ya que en mi país nunca había sido atendida ni por la Fiscalía ni por los tribunales”.

El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). Allí los familiares de las víctimas del “Caracazo” sintieron por primera y única vez la brisa fresca que exhala la palabra “justicia”.

Para tratar de derribar el muro que levanta la impunidad en cada país, los ciudadanos tienen la opción de acudir al sistema de protección de los derechos humanos, conformado por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entes que funcionan en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA). En sendas sentencias relativas al caso de la familia Quintana Medina, emitidas en 1999 y 2002, la Corte-IDH condenó al Estado venezolano. Entre otros requerimientos, obligó a investigar los hechos, localizar los restos de los desaparecidos, sancionar a los responsables e indemnizar a los supervivientes.

Pese al dictamen, Venezuela sólo ha cumplido dos disposiciones: La indemnización y la publicación de la resolución en el diario oficial. Sin embargo, Yris no ceja en su batalla. El fallo de la Corte-IDH le insufló aliento suficiente para continuar. “Me dio dignidad y le dio dignidad a mi esposo que perdió la vida por un militar inconsciente”, afirma.

Son muchos

En América Latina viven cientos de Yris Medina. Hombres y mujeres humildes que han sufrido una especie de doble agresión: El ataque de un agente del Estado y la inacción de las instituciones nacionales frente a sus denuncias.

Entre 2002 y 2012, la CIDH recibió 15.405 peticiones o denuncias contra uno o más Estados miembros de la OEA. De ese total, según un informe de la CIDH, 9.558 cumplieron con los requisitos para ser analizadas por el organismo, conforme al cálculo realizado por el periodista. Desde 1997 hasta 2012, la Comisión ha emitido 781 medidas cautelares para preservar la integridad de las personas amenazadas.

En ese mismo periodo, la CIDH presentó 163 expedientes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además de impartir justicia, la Corte-IDH vela por el cumplimiento de sus sentencias en 138 casos a escala regional.

“La supervisión de cumplimiento de las sentencias de la Corte se ha convertido en una de las actividades más demandantes del Tribunal, pues, cada año se incrementan  considerablemente el número de casos activos”, sostiene el organismo en su informe de 2012.

La Corte emite medidas provisionales de protección para resguardar el derecho a la vida y la integridad de los solicitantes. En estos momentos, el tribunal hemisférico vigila la ejecución de 31 instrumentos de este tipo en 11 países.

Burlar estas medidas es lo mismo que arrojar a una persona a las fauces de la muerte. Lo sabe muy bien la familia Barrios, residente en el estado venezolano Aragua. Pese a que la Corte-IDH ordenó al Gobierno de Caracas proteger a esta familia, víctima de abusos por parte de agentes policiales, la petición ha caído en saco roto. La sordera de las autoridades ha traído como consecuencia el asesinato de diez integrantes de esta familia desde 1998, incluido Roni David Barrios, de 17 años, ultimado el 15 de mayo de 2013.

La lucha política

“La gente viene a la Comisión Interamericana cuando no encuentra justicia en su país”, destaca el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, en entrevista concedida al reportero. “Viene a poner quejas, no felicitaciones”, añade.

Álvarez Icaza, sociólogo mexicano, admite que existen tensiones y desencuentros entre los órganos del sistema interamericano de protección de derechos humanos y los Estados de la OEA.

Aunque los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, corazón de la Alianza Bolivariana (ALBA), han encabezado el frente crítico contra la Comisión y la Corte-IDH, fue Brasil el país que promovió en 2011 el proyecto para modificar el sistema.

La iniciativa brasileña surgió como reacción a una resolución de la CIDH, adoptada en abril de 2011, que demandaba paralizar la construcción de la planta hidroeléctrica Belo Monte hasta que consultaran la posición de los pueblos indígenas afectados por ese plan. Brasilia se opuso a la medida, retiró a su embajador ante la OEA y suspendió el pago de su cuota anual al organismo.

En junio de ese mismo año, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos creó el Grupo de Trabajo que se encargaría de revisar el funcionamiento de la CIDH. El resultado de la reflexión fue un documento, presentado el 13 de diciembre de 2011, que proponía cambios que tocaban aspectos fundamentales de la Comisión para “fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

La discusión se extendió durante todo 2012 y encendió las alarmas de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). “Hay un interés de los gobiernos de limitar el impacto que tiene el sistema interamericano porque les complica los debates políticos con actores que no son manipulables”, opinó una representante de la sociedad civil consultada para este reportaje y que pidió mantener su identidad en el anonimato.

La portavoz de la ONG advierte que minar las fortalezas del sistema y aumentar las trabas burocráticas pone en peligro la vida de defensores y víctimas de violaciones de los derechos humanos en el continente. “Algunos Estados están molestos con un sistema que busca incomodarlos”, concreta esa fuente.

El debate culminó el 22 de marzo de 2013, tras la reunión de la Asamblea General de la OEA en Washington. Con el fin de mantener su propia independencia y autonomía, la misma CIDH reformó 13 artículos a su reglamento, políticas y prácticas, recogiendo las posiciones manifestadas por los Estados.

Los cambios modificaron desde el procedimiento de admisibilidad de las denuncias y la redacción del informe final hasta el proceso de otorgamiento de las medidas cautelares. Se señaló que las mismas deben partir de “resoluciones fundamentadas” que, en teoría, exigirán más trabajo y esfuerzo por parte de la Comisión.

Más por menos

Las modificaciones generaron respuestas disímiles. El secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, explica al reportero que, pese a las presiones de algunos gobiernos, la institución mantuvo su independencia, el control internacional y las condiciones para conseguir recursos en el exterior. “No hay un impacto que se traslade procesalmente a las víctimas”, asevera.

Sin embargo, la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas rechazó los cambios. A través de un comunicado, lamentó que se sobrecargue de tareas a la Comisión, haciendo “más complejo el trámite de medidas cautelares y casos”, al tiempo que metió el dedo en la llaga del sistema: La financiación.

“El proceso tampoco ha resultado en un aumento del financiamiento de la Comisión y de la Corte”, indicó la Coalición. “Por el contrario, los Estados, por medio de la OEA, sólo proveen el 55% del presupuesto de la CIDH, y además varios Estados quieren limitar a la CIDH su capacidad de recibir fondos externos. Esto implicaría que casi todas las relatorías y la propia CIDH perderían cerca del 45% de su financiamiento”, precisó.

Antes de esta última variación del reglamento, la propia Comisión reconocía en su Plan Estratégico 2011-2015: “La Comisión ha manifestado de manera reiterada que los fondos asignados en el presupuesto regular de la OEA para su funcionamiento resultan insuficientes para cumplir adecuadamente su mandato”, admiten en el documento.

Los requerimientos de la Comisión y la Corte-IDH superan con creces el monto asignado para cada ejercicio por la OEA. En el plan estratégico aludido, la CIDH calculó que para cumplir con sus deberes en 2012 necesitaba un presupuesto de 14.520.000 dólares. No obstante, sólo recibió del fondo regular de la OEA 4.779.700.

Los aportes del fondo regular suben de un año a otro, pero siempre por debajo de las peticiones de la CIDH. Este 2013 no escapa de esa realidad: la Comisión proyectó un presupuesto de 20.100.000 dólares, pero el fondo regular de la OEA sólo desembolsó 5.280.200.

La Corte Interamericana padece las mismas penurias económicas. En mayo de 2010, el secretario del tribunal hemisférico, Pablo Saavedra, expuso un informe donde reflejaba lo siguiente: “Hoy en día la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el tribunal internacional con menos recursos en el mundo, al tener un presupuesto regular proveniente del fondo regular de la OEA de 1.998.000 de dólares, lo que representa tan solo el 2,21% del presupuesto de la organización”.

En aquel texto, Saavedra adelantaba que en el corto, mediano y largo plazos, la Corte-IDH necesitaría para su correcto funcionamiento 5.380.000, 10.000.000 y 16.000.000 de dólares, respectivamente. En contraste, lo que ha recibido de la OEA en los años 2011, 2012 y 2013 han sido sendas sumas de 2.058.200, 2.161.000 y 2.661.000.

La situación que afronta el Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos también evidencia la falta de compromiso de los integrantes de la OEA. Creado en 2008 para “facilitar el acceso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos a aquellas personas que actualmente no tienen recursos necesarios para llevar su caso al sistema”, arrancó con un presupuesto de 32.000 dólares donados por Brasil y Colombia. Hasta la fecha, nadie más ha aportado al fondo y sólo dos personas han recibido esta ayuda, en casos que han involucrado a México y Honduras.

Golpe bajo

Álvarez Icaza reconoce que el déficit presupuestario dificulta su labor. “Tenemos más países por monitorear que abogados en la Comisión”, sostiene el secretario ejecutivo de la CIDH, tras indicar que la escasez de recursos “produce un debilitamiento de facto” de la institución. “Una manera de debilitar a la Comisión no es cambiar sus atribuciones, es no dar los aportes económicos para que desarrolle su trabajo”, dice este funcionario.

No será por falta de dinero. En el Consejo Permanente de la OEA se sientan cinco de las economías más grandes del planeta: Estados Unidos, Canadá, México, Brasil y Argentina. Sin embargo, ni Brasilia ni Buenos Aires tienen embajadores ante el organismo, sólo representantes.

“Hay necesidad de que no solo haya narrativas comprometidas sino chequeras activas”, dice Álvarez Icaza. E ironiza diciendo: “Veo chequeras muy pasivas, ojalá las chequeras se movieran con la fuerza de los discursos”.

El caso del marxista Lalinde

Con menos diplomacia, la señora Fabiola Lalinde resume esta situación así: “Esas comisiones internacionales son patrocinadas por los gobiernos, pero son una pantalla, a los gobiernos no les gusta cuando se hacen denuncias graves”.

Habla desde la experiencia para este reportaje. Fabiola Lalinde es la madre de Luis Fernando Lalinde Lalinde, militante marxista asesinado por efectivos del Ejército colombiano en octubre de 1984.

A sus 76 años, Fabiola sigue buscando justicia. En 1988 se anotó su primer triunfo, cuando la CIDH emitió una resolución que condenaba al Estado colombiano por la desaparición de Luis Fernando. La decisión marcó un hito en la historia de la región, al convertirse en la primera sanción de este tipo contra Bogotá.

Pero sólo se trató de una batalla ganada, la guerra continuaría. En octubre de ese mismo año los militares allanaron su casa y sembraron cocaína. La acusaron de “narcoguerrillera” y la metieron en la cárcel durante 12 días. “El montaje con la droga fue para tratar de tumbar la resolución de la CIDH, pues los organismos de derechos humanos no defienden causas relacionadas con el narcotráfico”, cuenta.

La presión internacional le permitió recuperar la libertad. Lejos de retroceder, salió a la calle con mayor ímpetu. Su esfuerzo no ha sido en vano. El 17 de noviembre de 1996 pudo recuperar los restos de Luis Fernando –“me los entregaron en una caja de cartón”, recuerda- y también ha logrado rescatar del olvido la memoria de su hijo.

“Sin el apoyo de la CIDH, nunca hubiésemos conocido la suerte corrida por Luis Fernando”, asevera Fabiola, quien ahora impulsa ante el mismo organismo una reclamación por denegación de justicia que espera ser admitida desde 2010. “El Estado cree que me voy a cansar”, dice la mujer de 76 años. “Hemos llegado a la verdad, pero está pendiente la justicia y no hemos renunciado a ella”, concluye.