Ejemplar de buitre negro envenenado encontrado en Daganzo de Arriba, 2011. Seprona

Ejemplar de buitre negro envenenado encontrado en Daganzo de Arriba, 2011. Seprona

  • Desde 2005, al menos 58 animales salvajes han muerto en la región a causa del uso ilegal de cebos envenenados
  • Especies emblemáticas como el buitre negro o el milano real son sus víctimas más habituales
  • En los últimos diez años esta práctica solo ha visto una sentencia en Madrid
  • El uso de veneno en Madrid se ha reducido con respecto a los años 80 y 90, aunque “sigue siendo un grave problema
  • La Fiscalía de Medio Ambiente lo identifica como “uno de los más serios problemas”

Verónica Ramírez  | Madrid | 26/08/2014

Es un día soleado y fresco de primavera, ideal para pasear por el campo de Madrid, o simplemente para contemplarlo desde la ventanilla abierta del coche. En la zona de la Sierra Oeste uno circula casi sin darse cuenta de que pasa justo delante de fincas de empresarios importantes como Manuel Manrique, presidente de Sacyr, o de familias nobiliarias amantes de la montería como los Urquijo.

Pero no todo es caza de alta alcurnia. Los lugareños alquilan cotos como parte de una tradición que goza de gran arraigo por estos pueblos del occidente madrileño. Algunas de esas fincas cinegéticas son también puntos negros del uso ilegal de cebos envenenados para combatir a los depredadores que compiten por las presas.

-Los cazadores somos los más naturalistas ─dice un vecino aficionado a la cinegética. Nos pasamos ocho meses cuidando el coto para cazar cuatro. -¿De dónde viene esa mala fama de los cazadores entonces? ─pregunta la reportera. -No sé, la gente se piensa que solo salimos a matar y a destrozarlo todo y no es así. Aquí, si no cuidamos el campo nosotros, no lo cuida nadie ─asevera el cazador.

Se trata de Mariano Maeso, presidente de la Sociedad de Cazadores de Navas del Rey desde hace 25 años. En su pueblo apenas quedan agricultores y ganaderos; la actividad protagonista es la caza. Esta asociación alquila y gestiona la Dehesa de Navas del Rey, un coto que pertenece al municipio. Se declaran amantes de la naturaleza y de su pueblo y aseguran estar en contra de prácticas delictivas como el uso de venenos para acabar con los zorros y otros depredadores de las especies cinegéticas.

Aun así, el campo es incontrolable por su vasta extensión y hay quienes prefieren tomar atajos. En ese mismo coto murió envenenado un milano real en el año 2011. En otro paraje del mismo municipio había caído un buitre negro en 2007. Y en el pueblo de al lado, Chapinería, se registraron ese año otros tres episodios similares en los que fallecieron un zorro, un milano negro y un águila imperial, según los datos de envenenamiento de fauna silvestre que ofrece la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM). La Sierra Oeste madrileña se convirtió entonces en el punto negro del veneno de la región.

 

Dehesa de Navas del Rey (Madrid) en mayo de 2014. Foto: V.R.

Dehesa de Navas del Rey (Madrid) en mayo de 2014. Foto: V.R.

 

A pesar de tratarse de un delito recogido en el Código Penal (con penas de hasta dos años de cárcel), ninguno de estos sucesos ha conllevado condena judicial alguna ni sanción administrativa. Tampoco el resto de los 75 casos registrados de uso de veneno ilegal en la CAM desde el año 2005 hasta hoy.

La única sentencia reciente conocida en Madrid se falló en 2008 por unos hechos sucedidos en 2003) cuando el guarda de un coto de Aranjuez fue condenado a nueve meses de prisión por colocar cebos envenenados.

El uso de cebos envenenados, método de caza no selectivo y prohibido, ha causado en los últimos diez años y en la CAM la muerte de especies en peligro de extincióncomo el águila imperial o el buitre negro. Se trata de un problema generalizado en toda España, contra el que otras CCAA están luchando de forma activa en los últimos años a través de multas o suspensión de la actividad cinegética. Sin embargo, Madrid carece de un plan de acción estratégico para la lucha contra el veneno. El Gobierno regional no ha emprendido medidas cautelares, reparadoras ni sanciones administrativas contra esta práctica ilegal, a pesar de que la normativa autonómica y estatal permitiría hacerlo.

 

Casos de uso de veneno contra la fauna silvestre en el periodo 2005-2014

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FUENTE: Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

Un problema de dimensiones desconocidas

 

Entre 2005 y 2014, se registraron en Madrid un promedio de ocho episodios de veneno anuales, según los datos de la CAM. Nada que ver con la situación en Castilla-La Mancha o Castilla y León, comunidades donde la ONG SEO/BirdLife cuenta un promedio de unos 100 y 130 casos al año respectivamente. Son regiones de mayor extensión y menor presión demográfica, pero las cifras de Madrid suenan escasas en el sector conservacionista.

David de la Bodega, coordinador del proyecto Life+ VENENO, estima que es una proporción muy baja con respecto a comunidades “que mantienen la misma actividad cinegética”. Este proyecto, cofinanciado por la Comisión Europea y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, entre otras administraciones, ha trabajado entre 2010 y 2014 por la reducción del uso ilegal de veneno en el campo.

Trece buitres negros, diez milanos reales, ocho milanos negros y un águila imperial han sido algunas de las víctimas de esta práctica en Madrid a lo largo de los últimos diez años. Los expertos calculan que en el campo se halla entre un siete y un diez por ciento de los animales que realmente mueren. Los casos que devuelve el Área de Flora y Fauna de la CAM dan un total de 58 cadáveres, que corresponden únicamente a las muestras analizadas en laboratorio.

Cebo envenenado utilizado en Madrid.

Cebo envenenado utilizado en Madrid.

En 2007, en una finca incluida en el Parque Regional del Sureste en Rivas Vaciamadrid toda una colonia de milanos negros fue víctima de estas prácticas. Sin embargo, de al menos 14 ejemplares, solo cuatro están en las cuentas que comparte la CAM. Esos cuatro fueron los analizados en el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) de Ciudad Real, centro con el que Madrid mantiene un convenio desde el año 2006. Allí se envían las muestras de los animales o cebos que presentan síntomas de envenenamiento.

 

Otra forma de conocer la mortalidad de la fauna por esta causa es a través de los Centros de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS). El de Madrid no publica sus memorias anuales ni una estadística precisa que permita hacer un estudio a lo largo del tiempo. Solo existen datos parciales del año 2010 que aparecen en una presentación publicada en internet por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la CAM, Borja Sarasola.

Por este motivo, los grupos conservacionistas acusan al área de Medio Ambiente del Gobierno regional de falta de transparencia. David de la Bodega, de SEO/BirdLife, asegura que en el tema de venenos no tienen “un criterio fehaciente de lo que está pasando en Madrid”. El Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat, más conocido como  GREFA, emite la misma queja: “Cuando pides algo a la administración no te dejan ver nada o es información sesgada”, explica su presidente Ernesto Álvarez, quien asegura que el uso de veneno en Madrid se ha reducido con respecto a los años 80 y 90, aunque sigue siendo un grave problema. Esta ONG, que cuenta con un hospital de fauna salvaje en Majadahonda, lleva desde 1981 trabajando en el estudio y conservación de la naturaleza.

En 2013 agentes medioambientales de Castilla-La Mancha recogieron en Guadalajara un águila perdicera envenenada que GREFA controlaba mediante radiotransmisor. La encontraron junto a otras rapaces y cebos envenenados que estaban dispuestos en madrigueras de zorros en dos cotos de caza diferentes. El ejemplar formaba parte de un programa de recuperación de este ave que cuenta con más de dos millones de euros de presupuesto para el periodo 2013-2017. Un año después se resolvió el procedimiento con una sanción al titular del coto de 50.000 euros de multa y dos años de suspensión por negligencia en la vigilancia. Además, se abrió expediente al coto lindante, en ese caso por no comunicar la aparición de los animales envenenados, según explica Carlos Cano de WWF.

En otros casos los tribunales han impuesto medidas reparadoras para restablecer el daño causado, como la fianza de 800.000 euros que tendrá que pagar un ganadero de Ciudad Real por el presunto envenenamiento de seis águilas imperiales en enero de 2012.

Un plan de acción que nunca llega

 

Los titulares de cotos en Castilla-La ManchaAndalucíaComunidad Valenciana o Navarra tienen la obligación de emprender medidas concretas para vigilar su finca o comunicar a las autoridades si encuentran animales o cebos envenenados. Pero la normativa madrileña no recoge este tipo de sanciones.

Madrid se rige por la ley estatal de caza, de 1970, y no se plantea por el momento crear una ley autonómica ad hoc. La prohibición del uso de cebos envenenados está recogida en la Ley 1/1970, en el artículo 336 del Código Penal y en el 17 de la ley regional 2/1991, para la Protección y Regulación de la Fauna y Flora.

Ricardo Riquelme, director general de Medio Ambiente, considera que castigar al dueño de un coto de caza es saltarse la presunción de inocencia, una opinión que comparte la Real Federación Española de Caza: “Es lo mismo que si encuentran un cadáver en tu casa, tú no eres el responsable”, apunta Riquelme. El Gobierno regional, dice, no quiere regular “más de lo necesario”.

La CAM redactó un borrador de plan estratégico contra el envenenamiento de animales salvajes, que formaba parte de los compromisos que asumieron las CC.AA. al inicio del proyecto LIFE+ Veneno en 2010. Se trata del documento que define las medidas concretas para luchar contra este delito. Cuatro años después, el plan sigue en fase de borrador, pero Madrid no tiene pensado aprobarlo por el momento. Para el director general de Medio Ambiente el protocolo de actuación que siguen actualmente las direcciones generales de Medio Ambiente y de Seguridad e Interior (responsable de los Agentes de Medio Ambiente) es suficiente: “No quiero burocratizar la gestión del campo”, asegura Riquelme.

 

Embalse de Picadas, entre Navas del Rey (dcha.) y San Martín de Valdeiglesias (izda). V. R.

Embalse de Picadas, entre Navas del Rey (dcha.) y San Martín de Valdeiglesias (izda). V. R.

 

Hasta dos millones de euros de sanción

 

“¿Por qué en estas cosas de veneno se aplica el garrotazo y no se estudia por qué ocurre?”, se pregunta Alonso Sánchez Gascón, abogado especializado en caza. Gascón ha tenido que defender a clientes imputados por el uso de veneno y afirma que ese acto se comete algunas veces por falta de alternativas o de ayudas económicas que sí se promueven para la actividad ganadera.

Pone como ejemplo el caso de un coto de caza de 300 hectáreas cuyo propietario vendía conejos. Éste achacaba grandes pérdidas a los búhos, cuya alimentación básica era el producto de su actividad económica: “Si a este señor, que vive de eso y es lo único que sabe hacer, no le das soluciones, o cierra el coto o pone veneno”, explica el abogado.

Para Sánchez Gascón es un “disparate” que esta práctica esté regulada por varias normativas o que haya tantas leyes de caza como comunidades autónomas (excepto en Madrid y Cataluña). “Lo lógico sería que el mismo acto de colocar veneno en Aragón se sancionara igual que en Jaén, y no es así”, afirma el letrado. Las multas por tenencia o utilización de cebos envenenados varían: desde un rango que va de 301 a 3.000 euros en La Rioja, hasta el que impone la ley de caza del País Vasco, entre 200.000 y 2.000.000 de euros.

Por su parte, tanto la Real Federación Española de Caza (RFEC) como su correspondiente madrileña piden “tolerancia cero” con el uso de cebos envenenados. Desde 2011, la agrupación estatal se ha personado como acusación particular en una decena de ocasiones, relata Sánchez Gascón, asesor jurídico de la RFEC.

Señalización de coto en Quijorna (Madrid). Mayo de 2014. V. R

Señalización de coto en Quijorna (Madrid). Mayo de 2014. V. R

El buitre negro se recupera

Madrid es una región “de gran importancia” para la conservación de aves carroñeras o especies como el águila imperial, según cuenta Carlos Cano, coordinador del Proyecto contra el Veneno de WWF España. Por eso cree que en esta comunidad no se está poniendo este asunto “al nivel de prioridad que merece”.

El buitre negro es la especie que más muere a causa del veneno en Madrid, donde está catalogada ‘en peligro de extinción’. Pero los proyectos de recuperación de esta especie han logrado que en los últimos diez años se haya duplicado su población. En la sierra madrileña habitan actualmente unas 120 parejas de esta carroñera, de las que 110 anidan en el valle de Lozoya. España cuenta con 2.000 parejas de buitre negro, una cantidad muy relevante, puesto que en el resto de Europa quedan entre 40 y 50 parejas, explica el biólogo Javier de la Puente.

El envenenamiento de la fauna silvestre es una amenaza que afecta principalmente a las aves más vulnerables. Sin embargo, en ocasiones se produce de forma accidental y debido a la ingesta de plaguicidas autorizados. Rapaces y carroñeras van acumulando tóxicos en su organismo que acaban provocándoles la muerte.

Un estudio del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) de Ciudad Real detectó un tipo de plaguicidas (llamados “rodenticidas anticoagulantes”) en un 40% de los animales analizados y calcularon que el 35% de ellos habían muerto por esa causa. En Madrid, según las muestras analizadas por este centro entre 2004 y 2010, un 80% fueron intoxicaciones intencionadas y el 20% restante fue producto de la ingesta accidental.

 

Buitres negros y leonados en la Sierra de Guadarrama. Foto: SEO/BirdLife

Buitres negros y leonados en la Sierra de Guadarrama. Foto: SEO/BirdLife

Un delito difícil de perseguir

En el año 2011, unos vecinos de Daganzo de Arriba, este de Madrid, encontraron un buitre negro envenenado en un paraje acotado de la zona. La Guardia Civil investigó las actividades ganadera y cinegética de la zona, “pero es un ave que lleva a cabo un recorrido largo y no se puede determinar de dónde viene”, explica la teniente del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) Elisabel Sinde.

La oficial confirma que la investigación no llegó a identificar a ningún culpable en este caso.

La dificultad para la investigación de este delito es compartida también por la Fiscalía de Medio Ambiente, que identificaba en su memoria de 2013 el uso de cebos envenenados como “uno de los más serios problemas con los que vienen enfrentándose las fiscalías españolas”.

 

La ruta de un caso de envenenamiento

 

La ruta de un caso de envenenamiento

 

Ante un caso de envenenamiento, solo los Agentes Forestales y el Seprona tienen la competencia de levantar el cadáver y gestionar su cadena de custodia. A través de su sección en el sindicato UGT, el cuerpo de forestales viene denunciando desde hace tiempo el envejecimiento progresivo de su plantilla, que no ha visto una convocatoria de oposiciones desde hace once años. 

Su representante, Miguel Higueras, afirma que Medio Ambiente, el otro pilar de la lucha contra el veneno, no funciona “por el oscurantismo y la inacción”. “No tienen una gestión activa y podrían tomar medidas administrativas”, dice, pero no se hace porque “los cazadores son un lobby muy poderoso e imbricado en las políticas ambientales” de la Comunidad

La Consejería de Presidencia de la CAM ha declinado pronunciarse sobre este asunto.

El tabú sobre el veneno existe: hay agentes forestales que no hablan por miedo a represalias, cazadores que reconocen “haber oído algo” sin más o guardas de cotos que no se atreven a denunciar a los infractores. En los pueblos, donde todo el mundo sabe de todo, de esto parece no conocerse nada. La Sociedad de Cazadores de Navas del Rey dice haberse enterado de uno de los episodios de veneno en su coto por la prensa y su presidente duda incluso de la veracidad del caso: “Nadie sabe nada, que me demuestre alguien quién ha visto el águila o el buitre”, reclama su presidente.

¡Que viene el lobo!

 

“El mejor medio de destruir tan perjudicial animal es con la morcilla rellena de estrignina, siempre que no pueda perjudicar a perros, jabalíes o liebres, que son aficionados a la carne”. En julio de 1867, los lectores del número 17 de la revista La caza ilustrada podían leer recomendaciones como ésta dentro de la serie titulada Cómo cazar al lobo. De esto hace siglo y medio, pero la ahora llamada estricnina sigue utilizándose para acabar con los depredadores.

En Madrid, al igual que en el resto de España, las sustancias más utilizadas son dos plaguicidas retirados en 2003 y 2007 de la lista de fitosanitarios permitidos por la Unión Europea para su uso comercial. Únicamente cabe su venta si se justifican fines científicos y en un centro autorizado. También la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) retiró en 2010 uno de estos productos, el Temik, fabricado por la farmacéutica Bayer. Estos químicos deben salir del mercado una vez que son prohibidos, pero la cantidad en la que se usan indica que existe un stock que sigue estando ahí y sin controlar.

Sustancias halladas en animales y cebos envenenados en Madrid (2005-2014)

La edición y la verificación corrió a cargo de Marcos García Rey, coordinador del Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización, durante el cual se realizó este reportaje.

Muchas peticiones enviadas, pocos datos recibidos: cómo se desarrolló la investigación

Este reportaje es el resultado de cuatro meses de trabajo que tenía como objetivo principal investigar sobre un tema del que existía un gran vacío informativo: el uso de veneno o de cebos envenenados contra la fauna salvaje en la Comunidad de Madrid. Esta investigación se planteó como trabajo de fin de máster dentro del postgrado en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de Unidad Editorial y la Universidad Rey Juan Carlos.

Para superar esa tarea hacía falta obtener los datos totales de especies afectadas por veneno y de cebos envenenados que se han encontrado en la región. Por ello, para esta investigación se iniciaron un total de once procesos de peticiones de información medioambiental a ocho organismos públicos diferentes. Estas solicitudes se sustentaron en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente. A partir de las peticiones, se obtuvo el listado oficial de casos de envenenamiento en la CAM durante el periodo 2005-2013. Se pudo cotejar ese compendio de datos con otra lista casi idéntica obtenida por WWF España, que también incluía los datos de 2014.

DSC_2144-quijorna_1024Pero este trabajo no pretendía quedarse en los datos, sino acompañar las cifras con una labor periodística que cubriese el mayor número de fuentes posible, mediante entrevistas (una veintena) y visitas de campo.

En este trabajo hemos podido comprobar que las instituciones madrileñas se resisten a dar información y entrevistas, al menos en lo que concierne al tema del uso de cebos envenenados. También es comprobable que en la misma materia la CAM no ejerce una transparencia activa. Además, de toda la información solicitada a través de las vías habituales de acceso para la prensa se ha proporcionado una mínima parte.

Para el trabajo de visualización de los datos y diversas informaciones se han llevado a cabo productos estáticos e interactivos: para el mapa se utilizó Google Engine Maps; lainfografía ‘Ruta de un caso de envenenamiento’ se elaboró con Adobe Illustrator y Photoshop; en cuanto a la tabla ‘Sustancias encontradas en animales y cebos envenenados en Madrid en el periodo 2005-2014’, la herramienta elegida fue Tableau Public.

En todo el proceso hemos seguido una metodología de investigación aprehendida en el Máster, que a su vez se basa en la usada de forma pragmática por el ICIJ y cercana a la explicada en el libro La investigación a partir de historias: Manual para periodistas de investigación.

Tanto la investigación como el resultado informativo han sido tutelados y editados por Marcos García Rey, periodista, coordinador académico del postgrado y miembro del International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Publicado originalmente el 11/08/2014 en elmundo.es